Obras públicas de mejora y ampliación de infraestructuras en Cabinda

29 DE NOVIEMBRE DE 2017

El Gobierno de Angola revisa la Ley de las Alianzas público-privadas

El Ministerio de Economía y Planificación angoleño comenzará a revisar, en diciembre, la Ley de las Alianzas público-privadas. El objetivo es reforzar la movilización de inversión privada.

Esta acción está contemplada en el Plan Intermedio a seis meses, elaborado por el Gobierno, según el cual se van a ejecutar una serie de medidas hasta marzo de 2018, para mejorar la situación económica y social del país. En este marco, el ministerio liderado por Pedro Luis de Fonseca asume la supervisión de esta revisión de la Ley de las Alianzas Públicas y Privadas, de Enero de 2011, aprobada por el anterior jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos.

Ahora se pretende garantizar la "movilización de recursos del sector privado para la realización de obras públicas de infraestructuras", en particular en la forma de concesión, según explican desde el Ministerio. En un período de crisis financiera, económica y de divisas, es necesario garantizar la financiación para obras "en infraestructura y en la oferta de bienes públicos y semipúblicos esenciales", admite el Gobierno.

MENOS RESTRICCIONES

La modalidad BOT (Buil, Operate and Transfer), régimen en el que los inversores privados financian, construyen y explotan por un largo período de tiempo, al término del cual las obras pasan a la propiedad del Estado, será admitida por el Gobierno en el marco de la revisión de la Ley sobre las Asociaciones público-privadas en Angola.

La legislación vigente señala que las asociaciones público-privadas en Angola pueden implicar las concesiones íntegramente, parcialmente o no onerosas para el Estado, pero excluye los contratos de obras públicas y contratos públicos de abastecimiento.

No permite tampoco asociaciones público-privadas que impliquen una inversión o un valor contractual inferior a 2,5 millones de euros. Y prohíbe, entre otras imposiciones, todos los contratos de suministro de bienes o de prestación de servicios con un plazo de duración igual o inferior a tres años "que no impliquen la asunción automática de obligaciones para el interlocutor público al término o más allá del término del contrato”.

"Nuestro país se encuentra en una situación económica y financiera difícil, resultante de la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional y de la consiguiente liquidez en moneda extranjera", admitió el 26 de octubre, João Lourenço, en su primer discurso sobre el estado de la Nación, en la que repitió varias veces la necesidad de acabar con la "fuerte dependencia del petróleo", a través de la diversificación de la economía. Y fomentar la inversión privada es una vía para esta necesaria diversificación.

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