El presidente de la República, João Lourenço, habló en la inauguración del Año Jusdicial

31 de marzo de 2021

Presidente de la República denuncia campañas para desacreditar a la Justicia

El presidente de la República, João Lourenço, denunció, ayer, que “fuerzas internas y externas, ligadas a las que más derrochan el erario, realizan campañas para denigrar y desacreditar a la Justicia y al Estado angoleño, en general, incluso con tantos ejemplos concretos de imputados, acusados ​​y algunos ya condenados”.

João Lourenço, quien intervino en el acto inaugural del Año Judicial, dijo que esta campaña está impulsada por "personas que intentan defender su castillo para que se derrumbe inconmensurablemente y que buscan revertir la situación fuera de los tribunales, como si aún fuera posible."

El Presidente de la República afirmó que "pretenden ser ellos quienes comanden la acción de la Justicia angoleña, involucrando al Jefe de Estado hasta el punto de decidir a quién imputar".

"Es evidente que esto está, de entrada, condenado al fracaso. Que la Justicia angoleña cumpla su papel. El Jefe de Estado no interferirá en la gestión de la Justicia, en violación de la Constitución, como pretenden que yo haga" dijo él.

João Lourenço destacó que, al inicio del actual ciclo de gobernanza, el Ejecutivo estableció el sistema presupuestario de la Justicia como eje central de acción, dando el grado de prioridad merecido al proceso de construcción y consolidación del Estado Democrático de Ley.

"Un primer paso en esta dirección se dio con la reforma de la Caja General de Justicia y el nuevo modelo de asignación de ingresos. Con el mismo propósito, muy recientemente entró en vigencia el Decreto Presidencial que aprueba el régimen de reembolsos de los órganos de la Administración. Justicia en relación con los bienes recuperados", recordó el Presidente de la República.

"Con la producción de este importante instrumento, el diez por ciento de los ingresos netos ahora se canaliza a estos órganos, lo que aumenta su capacidad institucional, especialmente en términos de combate a la corrupción y la impunidad", dijo el Jefe de Estado.

João Lourenço consideró que está dentro Este programa de construcción y consolidación de la Justicia en el que se debe pensar de forma independiente, imparcial, eficaz, ágil y capaz de afrontar, en toda su plenitud, la idea de la tutela judicial efectiva.

"La justicia y la Ley son un imperativo esencial que debe garantizarse. La protección de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o de su condición social o económica, es fundamental. Es en este marco que, en el último año judicial, se instituyó una nueva Comisión de Justicia y Reforma Legislativa para continuar el programa Ejecutivo en el campo de las políticas del sector Justicia, con especial énfasis en la formación de los recursos humanos y la mejora de sus condiciones laborales", dijo.

Fruto del trabajo de esta comisión, según el Presidente de la República, se están concluyendo importantes propuestas de diplomaturas legales en los campos de organización judicial, Derecho Procesal Civil y Civil, Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo, Derecho Mercantil y Registros y Notarios.

El presidente de la República consideró "un hito importante en la historia del país la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal".

“Estos son dos instrumentos modernos y fundamentales para dar respuesta a los desafíos actuales en el campo de la realización de la justicia penal, especialmente en materia de prevención y represión del delito económico y financiero y gestión pública”, subrayó el Presidente de la República.

João Lourenço también destacó la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva como un instrumento legal de importancia en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El Presidente de la República recordó que también se aprobó la Ley que modifica la Ley de Autorización de Costas Judiciales y Competencia de los Tribunales, que limita, por un lado, a través de las jurisdicciones, la competencia de los tribunales de primera y segunda instancia y, por otro lado, permite que el instrumento implemente la autonomía administrativa y financiera de los Tribunales, al crear las bases para la estabilización de la Bóveda del Tribunal General, disociando este del Tribunal General de Justicia.

"En el campo de la reforma judicial, se ha avanzado significativamente en la implementación de los tribunales de Benguela y Lubango y algunos tribunales de distrito", dijo.

El Tribunal de Apelación de Luanda, según el presidente de la República, está experimentando algunos Demora en la entrega de la infraestructura y el equipamiento respectivo

Nuevos Juzgados en Función

El Presidente de la República garantizó que, con la apertura del Año Judicial, tomarán funciones los Juzgados de Apelación.

El Jefe de Estado indicó que, en el ámbito del Programa de Mejoramiento del Ambiente Empresarial, se creó la Sala de Comercio y Propiedad Intelectual e Industrial. "Un foro privilegiado para la resolución de controversias que puedan surgir de la actividad empresarial o en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial", señaló.

João Lourenço recordó que la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Régimen Jurídico para la Recuperación de Sociedades en Insolvencia, con el fin de lograr dar una nueva dinámica al actual entorno económico del país.

El Presidente de la República dijo que, mediante carta de adhesión, el Estado angoleño asumió el compromiso de cumplir con el protocolo de la Corte de Justicia de la Unión Africana, tras la aprobación, por la Asamblea Nacional, de la Resolución No. 50/18, de 31 de diciembre.

João Lourenço dijo que, en términos personales, cabe señalar que el Ejecutivo ha duplicado el número de magistrados y fiscales judiciales desde el inicio de esta legislatura. "Se acaba de abrir un concurso para el Poder Judicial y el Ministerio Público con el objetivo de dotarlo de personal y completar el mapa judicial", dijo.

El Presidente de la República reconoció que "aún hay escasez de recursos humanos al nivel de los órganos de la Administración de Justicia ”. Los magistrados, según João Lourenço, han demostrado, en el ejercicio de sus funciones, la reserva necesaria, el respeto a su condición jurídica y la preservación de su dignidad personal, dando muestras de compromiso y profesionalismo, discutiendo los problemas del Poder Judicial en Órganos. órganos competentes.

El Jefe de Estado aseguró que, para el año judicial que se inauguró ayer, el Ejecutivo seguirá trabajando en la prevención y combate a la corrupción y la impunidad, narcotráfico y tráfico de personas, inmigración ilegal, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva.

En cuanto a la lucha contra la corrupción y la impunidad, el país viene dando pasos valientes desde fines de 2017, investigando, procesando y condenando a funcionarios o exfuncionarios de todos los rangos, desde el municipio, provincia hasta el Ejecutivo Central, Asamblea Nacional y grandes empresas públicas, con la imparcialidad necesaria para el éxito de estas causas, dijo.

João Lourenço reconoció que los órganos de Justicia, en general, han sido incansables, "a pesar de la pequeñez y cierta falta de experiencia y condiciones laborales que no siempre son las mejores".

El Presidente de la República considera que los órganos de Justicia deben prestar especial atención, y actuar con celeridad y rigor, a un nuevo tipo de delito que tiende a extenderse y agravarse, que es el vandalismo, la destrucción de bienes públicos al servicio de las comunidades.

“Los ciudadanos deben ser conscientes de que los actores de este nuevo tipo de delitos están siendo juzgados y condenados de manera ejemplar. Hasta que eso suceda, estaremos impulsando el crecimiento de este tipo de delitos ”, dijo el Presidente de la República. Procurador General indica lucha cercana contra el crimen económico

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) eligió como prioridad la lucha contra la delincuencia económica y financiera, y desde el año pasado se han iniciado 1.522 causas penales que involucran principalmente delitos de malversación, corrupción activa y pasiva y blanqueo de capitales.

"Los resultados de este trabajo son juicios y condenas en todo el país y que son de dominio público", en una perspectiva que "la delincuencia no puede compensar bajo ningún concepto y, por tanto, no puede constituir una fuente de adquisición de bienes", destacó Hélder Pitta. Grós, en la inauguración del Año Judicial, en Luanda.

La PGR dijo que la delincuencia económica y financiera tiene un tratamiento prioritario ante "la conciencia colectiva de sus efectos nocivos en la sociedad, ya sea por la necesidad de frustrar las expectativas de lograr la impunidad de sus agentes, ese delito económico-financiero funciona como fuente de males incalculables, alimentando otras actividades delictivas y erosionando los pilares de la sociedad, mereciendo para ello nuestra máxima atención", enfatizó.

En ese contexto, se ha llevado a cabo un "trabajo agudo" en la investigación patrimonial y se ha promovido la pérdida de bienes adquiridos ilegalmente y la consecuente recuperación de estos bienes para el Estado, dijo.

Desde la creación del Servicio Nacional de Recuperación de Activos (Senra) se han recuperado aproximadamente 5.300 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones en efectivo y el resto en viviendas, fábricas, participaciones en empresas y otros.

Hélder Pitta Grós afirmó que este tipo de delitos constituye "una manifestación delictiva altamente organizada y sofisticada, en la medida en que se recurre a las técnicas y tecnologías más modernas" y a los servicios de personas sumamente calificadas, señalando la falta de software y tecnologías dirigidas ante este tipo de delitos, el fiscal también dijo que el acceso a la justicia es una necesidad fundamental para una sociedad armonizada, pero señaló la falta de recursos humanos como un obstáculo.

En 2020, la PGR contaba con 565 magistrados en todo el país, una relación de 1.8 por 100.000 habitantes, "que no llega a las recomendaciones de organismos internacionales", que apuntan a un ideal de siete fiscales por cada 6.000 habitantes, afirmó la PGR, agregando. Que el número de personal administrativo y técnico de Justicia también es insuficiente. Sin querer convertir la Fiscalía en un "muro de las lamentaciones", Pitta Grós dijo que la institución ha afirmado su misión y reafirmado su compromiso con la productividad y la lucha contra la delincuencia.